PONENCIA PRESENTADA POR EL V.·. H.·. ISAAC SCHUSTER SMITH, MUY RESP.·. GRAN MAESTRO DE LA SERENISIMA GRAN LOGIA NACIONAL DE COLOMBIA, CON SEDE EN CARTAGENA Y EL V.·. H.·. JORGE ELIECER SALAZAR AVENIA, M.·.M.·.

La corrupción es uno de los más graves problemas que padece el Estado Colombiano. A tal punto se ha extremado el fenómeno que actualmente ha hecho crisis en todo el sistema institucional del país. No obstante, este gravísimo asunto de la corrupción parece ser característica de final del siglo XX, no sólo en Colombia sino en todos los países del sistema interamericano y lo que más preocupa es que sus manifestaciones agudas han alcanzado también a la gran mayoría de los países del resto de la organización mundial de naciones. Lo que podría ser entendido como una manifestación de los países en vía de desarrollo, se ha convertido en una conducta generalizada en los gobiernos, los directivos del sector público (incluidos los políticos, los militares), los dirigentes empresariales de la economía privada e inclusive de altos exponentes de las diversas tendencias en que se encuentran divididas las Iglesias en las llamadas sociedades desarrolladas. De manera que la corrupción parece haber superado las posibles causas económicas para afincarse en motivaciones que tienen que ver directamente con el hombre que se ha formado en la última centuria sin consideraciones de fronteras.

Esta visión generalizada del problema nos muestra que el tratamiento tradicional que se la ha dado a la corrupción, especialmente respecto al orden del derecho penal o del derecho administrativo, sin dejar de anotar las consideraciones de carácter ético o moral, necesariamente vinculadas al asunto, es actualmente insuficiente y se hace necesario buscar normas de aplicación internacional que permitan una convergencia legislativa, fruto del método comparativo, apuntada hacia la erradicación del problema que ha logrado trascender el carácter interno del derecho de las naciones, conviertiéndose en un flagelo peor que el narcotráfico o el terrorismo, porque puede considerarse que estas dos últimas formas delictivas necesitan de aquélla para operar con algún margen de seguridad dentro de la sociedad.

Históricamente ha sido posible encontrar que en los Estados en donde la corrupción es comportamiento generalizado, dominante, en los cuales la impotencia para reducirla es notoria por parte de las instituciones que tienen esa función, se produce un vacío institucional en la lucha contra el problema que genera un alejamiento y un rechazo de la comunidad a tales instituciones. Esta situación especialísima, producida como consecuencia del reinado de la corrupción, está reseñada por el jurista argentino Jorge Reinaldo Vanossi en los siguientes términos:

" Cuando la corrupción domina, cuando la corrupción parece invencible, la sociedad entra en una suerte de descreimiento: ese vaciamiento en la credibilidad del sistema ha sido ampliamente estudiado por los sociólogos, quizás más que por los juristas, que han acuñado, los sociólogos, una expresión de una palabra que encierra prácticamente todo el drama o la tragedia de esta cuestión, esa palabra es: "anomia". Las sociedades entran en una situación de anomia. ¿ Que quiere decir esto? Anomia quiere decir que desaparece, en determinado momento del auge de los procesos de corrupción, todo marco de referencia, todo parámetro que permita valorar, que permita computar las conductas. Da lo mismo lo legal que lo ilegal, lo permitido que lo prohibido, lo válido que lo inválido. Es una suerte de limbo en el cual se flota y la sociedad se ve autoestimulada a obrar según la ley de la selva, es decir al margen de toda regulación. Estas situaciones de anomia por cierto, tiene una gran relación con el derecho, porque cuando se entra en tal estado, la impotencia del derecho para salir de la anomia es total, con lo cual queremos significar que los casos de máxima peligrosidad, en materia de corrupción (son aquellos que provocan anomia) son, además, y esto importa al Sistema Interamericano, causa directa y causa eficiente de la desestabilización de los sistemas políticos." (1)

Esta radiografía de las secuelas del flagelo de la corrupción, hecha sobre los países americanos que en mayor o menor grado lo padecen, cuadra perfectamente en la situación colombiana. No se trata de ninguna manera de pensar ni de creer que la corrupción es algo que ha brotado espontáneamente en estos momentos o en esta época. De ninguna manera. Se trata de un fenómeno que ha venido minando a lo largo de muchísimos lustros a la sociedad colombiana. Por ello su análisis vamos a realizarlo desde distintos puntos de vista.

La idea de democracia está unida no solo al desarrollo de principios políticos, cuya esencia responde al concepto de Estado de Derecho, como expresión de organización política y de forma de gobierno; sino que también el término democracia conlleva la realización de valores de convivencia humana. Valores que transcienden el ámbito de lo puramente jurídico y penetran en el desenvolvimiento moral de la sociedad, tales serían por vía de ejemplo los principios de libertad, igualdad, dignidad de la persona humana, libre desarrollo de la personalidad, etc. Precisamente ha sido la evolución de estos principios los que han impulsado el desarrollo de la sociedad en sus diversas formas de organización jurídico - política.

Al evolucionar los principios que sustentan el concepto moderno de democracia y al consolidarse como normas de derecho, han dado origen a los Estados liberales que conocemos como democracias, los cuales a su vez han servido de apoyo a los derechos del hombre. Esta manera de retroalimentar la sociedad su régimen jurídico a partir de normas de conducta o de principios morales se ve amenazada frente a fenómenos desestabilizadores como el de la corrupción.

En efecto, el Estado liberal que nace de los principios que nutrieron la Revolución Francesa, cede paso al llamado Estado de Derecho y éste a su vez va a ser la semilla de la cual surgirá el denominado Estado Social de Derecho, y es este último el que está sufriendo el embate de la corrupción que ha hecho surgir en muchas personas la idea de que no es apto para enfrentarla y que si se quiere vencerla debe recurirse a formas de gobierno menos tolerantes, más represivas, en las que el Estado actúe más efectivamente con la fuerza que con la razón.

El fenómeno corruptor con todo su poder de disolución de las costumbres, de la moral y del derecho ha ido creando una serie de antivalores que se fundan en la permisividad y permeabilidad de los asociados frente al dinero fácil o al rápido enriquecimiento. Lo cual conduce como antítesis a la idea de la necesidad de la fuerza como razón de Estado para combatir el fenómeno. Produciéndose así el regreso a formas de gobierno ya superadas por la democracia. Pero no sería ésta la única crítica que merece la anotada posibilidad de concentrar poder para evitar los efectos de la corrupción, sino que habría que recordar con Lord Acton que " el poder corrompe pero el poder absoluto corrompe absolutamente". De manera que la concentración de poder para combatir la corrupción sólo traería una fuente adicional para que anidaran los corruptos.

De otro lado, no se debe olvidar que la corrupción, en razón de la rapidez y amplia cobertura de las comunicaciones, no se detiene en las fronteras sino que avanza hacia las sociedades vecinas haciendo sufrir sus efectos sin distingos de nacionalidades. La internacionalización de la economía, el crecimiento de los negocios, el "roce" permanente entre las personas de distintos Estados en razón de intereses de diversa índole, han franqueado las puertas de la corrupción.

Igualmente, se observa, como paradoja social, que la consolidación de las democracias latinoamericanas en el decenio de los 80 y en el lustro que va corrido de los años 90, ha significado también el afianzamiento de la corrupción como un sub - sistema del ordenamiento socio - político y económico de nuestros pueblos. La ola corruptora que tomó impulso durante las dictaduras militares o al amparo de la represión oficial a los movimientos sociales en aquellos países que, como el nuestro, mantuvieron sus débiles y empobrecidas democracias, ha resultada avasalladora e imposible de detener por los nuevos gobiernos de representación popular. Dejando ver cierta incapacidad de la democracias para combatir la corrupción.

Como se desprende de un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo - UNCTAD, la corrupción actúa de dos maneras sobre el desarrollo de las naciones. En primer lugar afecta los recursos de que estas disponen para financiar mejores formas de vida y consolidar sus economías. Por la otra, al convertirse en una barrera para el desarrollo aumenta su propia base de acción en la medida en que resta oportunidades para la superación de la sociedad dentro de la normalidad de la interrelación social.

En el primer caso la corrupción afecta los presupuestos oficiales en la medida en que malversa fondos y desvía recursos impidiendo la correcta utilización de la capacidad productiva del país y evitando que la riqueza del Estado pueda convertirse en el mejoramiento de las condiciones socio - económicas de los asociados y trabando el mismo desenvolvimiento de la economía nacional. En países como Colombia que posee amplios sectores de la sociedad que viven bajo condiciones de pobreza extrema, la corrupción es un agravante para la situación porque los dineros destinados a aliviar esa pobreza no llega o llega muy disminuido a cumplir los fines sociales del Estado.

Por esa razón el estudia de la UNCTAD a que se hizo referencia antes muestra que son las sociedades con menor índice de desarrollo, las de menor grado de producto bruto interno y las de menor grado de ingreso percápita, las que se observan más gravemente afectadas por la corrupción. Esto no significa que países desarrollados como los del norte de América o los Europeos no padezcan también la corrupción. Lo que parece demostrar esta situación es que en que la medida en que se evita la superación económica y la movilidad social dentro de la pirámide de estratificación, cada vez un mayor número de personas, en una u otra forma o en una u otra actividad, son reclutadas hacía maneras corruptas de obtener ingresos.

Las nuevas políticas económicas fundadas sobre nuevos conceptos de viejas teorías como son el neoliberalismo, la libre empresa, la iniciativa privada, la apertura, etc., han afectado sectores tradicionalmente marginados del desarrollo en los países latinoamericanos, pero igualmente han golpeado otros sectores de la economía que se mantenían dentro de niveles por encima de lo que pudiera considerase pobreza, tal el caso de la pequeña industria y la microempresa.

Estas políticas neoliberales han incrementado los niveles de corrupción provenientes del sector económico porque son un poco el sálvese quien pueda. En una economía subdesarrollada como la colombiana se tomaron medidas propias de modelos ya desarrollados. Muchas de las cuales sólo se implantaron en los llamados países ricos después de haberse conseguido altos índices en los indicadores económicos referentes al desarrollo social no sólo colectiva sino individualmente aplicados.

La corrupción siempre va uncida al tren de la economía. En la medida en que los valores sociales respondan a criterios de tener y la economía esté diseñada para satisfacer esos criterios, quienes no puedan atender sus necesidades de mercado dentro de la sana competencia, siempre recurrirán, ante la inexistencia de políticas protectoras de los económicamente débiles, a maneras o modos de conseguirlos por vías diferentes. La sumisión a reglas salvajes o despiadadas en la competencia económica nunca se obtendrá. Por eso el Estado no puede perder su carácter tuitivo o protector de los sectores que no puedan por sí mismos vincularse al desarrollo. En la ausencia de esas políticas sociales germinará siempre la corrupción.

No es socialmente aceptable que las políticas económicas pertenezcan a una clasificación de moralmente indiferentes o que se les considere amorales. Definitivamente ellas forman dentro de lo que podemos llamar una moral utilitarista, que es fuente inagotable de corrupción.

De manera que el mayor reto del derecho frente a la corrupción es la mediatización de su normas para combatirlo. No obstante por difícil que sea la solución ella debe darse dentro de la organización jurídica del Estado Colombiano, sin necesidad de recurrir a medidas de desconocimiento de los derechos y garantías individuales constitucionalmente reconocidos. La legalidad, o mejor el principio de legalidad, constituye la esencia del Estado de Derecho y al buscar que opere como eficaz y eficiente medida contra la corrupción no pueden sacrificarse los principios que lo nutren.

Armonizar la moralidad y la legalidad al momento de enfrentar el problema a través de la Ley tiene que ser el norte en la lucha contra la corrupción. Fenómenos masivos de desconocimiento de la Ley como la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo nos están mostrando la necesidad de revisar no el desenvolvimiento de las normas que garantizan los principios orientadores del Estado de Derecho, sino las normas que reglamentan el manejo de la economía y el desarrollo del "establecimiento" económico del Estado, especialmente en cuanto se refiere al crecimiento de la iniciativa privada frente a la capacidad reguladora oficial.

El derecho en sí mismo carece de la fuerza necesaria para acabar el problema, pero es el camino por el cual debe encausarse la transformación de la sociedad y organizar las fuerzas sociales para que actúen dentro del ordenamiento legal y jurídico, sin sacrificio de las libertades individuales pero sin menoscabo del orden colectivo. El derecho no ha perdido su capacidad ordenadora de la vida social ni requiere la inutilización de las instituciones que consagran los principios democráticos para encontrar y aplicar los mecanismos que permitan combatir la corrupción.

Desarrollar a partir de la moral principios y normas que como los de la moralidad administrativa propuestos por Hauriou, irriguen no sólo la conducta de quienes ejerzan funciones públicas sino también la de los particulares en el desempeño de sus relaciones privadas o con las entidades oficiales, pues la corrupción no es sólo predicable de la actividad pública sino también de la privada.

El derecho entonces como una disciplina multidisciplinaria debe proponer las respuestas al grave problema que analizamos. Su función de saneamiento de la vida social no es sólo represiva sino también preventiva. Aunque son muchas las dificultades que encuentra el derecho al querer combatir la corrupción, precisamente su función como ordenador de la sociedad lo obliga a proponer las soluciones al problema.

En el tráfico corrupto participan quien pide o recibe un beneficio a cambio de cumplir una función o de intervenir para que se cumpla, y quien da u ofrece ese beneficio para obtener, a su vez, el cumplimiento de una función que favorecerá sus intereses. Esa cadena corruptora elude la ley porque quienes intervienen en ella procuran no dejar rastros de su acción delictiva. Esto ha llevado a que al cohecho, al soborno, al enriquecimiento ilícito, se les conozca como delitos de "guante blanco".

Otra dificultad es el hecho de que generalmente la corrupción a gran escala se da entre quienes detentan altas e importantes posiciones en cualesquiera de las ramas del poder público o en otras dependencias o agencias oficiales, y los altos directivos del sector privado. Lo cual hace que los sujetos de estos delitos sean destacadas y prestantes personas de la sociedad, quienes disponen de factores de poder que dificultan y entorpecen las investigaciones. De manera que los llamados delincuentes de "cuello blanco" constituyen fuente importante de los sujetos corruptores y corruptibles.

Otra dificultad es la internacionalización de la corrupción. Esto hace que se de la impunidad en la mayoría de los casos de corrupción a los más altos niveles del poder.

Generalmente los funcionarios de las gigantescas compañías transnacionales compran los favores de altos funcionarios de la administraciones de las naciones del tercer mundo. Facilitándose así que amparados tanto en el poder de sus empresas como en la territorialidad de la Ley consigan evitar las investigaciones por corrupción, lo que conlleva a que sus cómplices tampoco puedan ser condenados.

Todas estas trabas pueden ser removidas por el Derecho en la medida en que desde los países y las organizaciones que los agrupan se promueva la expedición de leyes que permitan a los Estados perseguir la corrupción y a los corruptos donde se encuentren.

La colaboración internacional es indispensable para que el derecho pueda combatir con éxito este flagelo.

Medidas como la declaración notarial o de renta sobre el patrimonio de quienes ejercen funciones públicas; la suspensión del secreto bancario; la extradición de los acusados de corrupción ( lo cual requeriría adicionalmente en el caso de gobernantes de otros Estados una precisa reglamentación del Derecho Asilo: El ejemplo de Alan García es ilustrativo); la posibilidad de sancionar bajo una misma acusación por corrupción en dos o más Estados diferentes a nacionales suyos, adoptadas conjuntamente con otro tipo de medidas complementarias, por toda la comunidad internacional facilitará sin duda la lucha contra los corruptos. En fin una legislación internacional contra la corrupción, como a de ser también la que enfrente al narcotráfico y al terrorismo.

Planteado el problema de la corrupción como un mal institucional que afecta gravemente el cuerpo social, es obvio que en la lucha contra ella, muestra augusta Orden puede y debe desempeñar papel preponderante.

La masonería se entiende esencialmente como un sistema de moral para el ordenamiento de la sociedad. O como también se ha dicho que es, Institución Orgánica de la Moralidad.

Esta concepción de la Orden masónica señala como su primer objeto de trabajo al Hombre. Es a través del masón como ese ordenamiento moral se va hacer llegar a la comunidad. La institución puede desde los foros donde deban actuar HH.·. MM.·. insistir en la necesidad de moralizar la justicia, la administración, la política, los negocios, en fin al país.

Hay que enseñar en los colegios la importancia de una ética social que guíe, más allá de la Ley, el comportamiento de los ciudadanos. Que el niño y el joven entiendan que el ordenamiento social se rompe y altera no sólo con la violación de la ley, sino también con la violación de las normas morales que rigen en la sociedad. Desde la cátedra universitaria, sin que importe la asignatura que se dicte, hay que insistir en la ética de las profesiones y la ética del ejercicio profesional. El estudiante universitario debe aceptar que sus estudios obedecen a pautas íntimamente vinculadas con el desempeño en la comunidad. El profesional debe también comprender que su actividad está regida por reglas que si bien carecen de coerción legal, poseen la sanción de la sociedad. El industrial, el comerciante, el financiero han de admitir que no todo lo que es beneficioso para ellos es bueno para el organismo social y que algunas prácticas por más que carezcan de sanción legal son condenadas por la sociedad como lesivas para la moral.

Como se ve no es fácil la tarea. Pero es que nunca lo ha sido. Enseñar al que no sabe es un postulado masónico y la crisis que vive el país radica en buena parte en la falta de educación moral que se debe dar a todas las personas. Allí tiene la masonería un amplio, vastísimo, campo de acción. Ojalá podamos cumplir con nuestro compromiso histórico y dejemos de ser espectadores de un momento que está desestabilizando las instituciones, para convertirnos en los actores que debemos ser.

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(1) VANOSSI, Jorge Reinaldo: "Problemática Constitucional de la Corrupción", publicado en las memorias del Simposio Internacional sobre Derecho del Estado, tomo I, páginas 121-122. Editorial Universidad Externado de Colombia, Santafé de Bogotá. 1.993.